Yo no sé que no sé nada

Mucho se ha escrito sobre la educación.

Yo la conocí muy pequeño. Mientras cursaba la primaria siendo un niño me la recomendaba mi padre con una mirada retadora y ante ello, terminé por aceptar la recomendación de por vida.

Hoy que estoy en la etapa profesional comprobé que no me mentían. 

Me doy cuenta de lo mucho que ayuda a la sociedad. Científicos, analistas, académicos, hablan de ella. Se le observa como el mecanismo para sacar adelante a los pueblos. Llevarlos al desarrollo.

Los que estamos frente a un aula como docentes, insistimos día a día en lo que debe de prepararse el universitario. La necesita para ir armado a la guerra laboral. No solo para alcanzar sus metas sino para sobrevivir de pie en ella.

Acomodándome los lentes y dando sorbos al café mientras repasaba las noticias del día, encontré información que - lo confieso - me puso en una confusión total. No sabía si reír o enojarme.

“Niegan a diputados recursos solicitados para maestría” Ese era el encabezado de la nota periodística. 

Y leía: “2.5 millones de pesos solicitados para que 17 diputados federales cursen la maestría en Economía Social en la Universidad Iberoamericana, en Puebla”.

“El motivo era para capacitarnos, para estar preparados y al nivel de los temas” Ese fue el argumento de la legisladora federal al cuestionarle la solicitud de los recursos. Dinero del pueblo para 17 legisladores que reconocen no estar a la altura de su encomienda.

Imposible de creer, pero tan real como la taza negra con café en mi mano.

Investigando un poco más al respecto, mi asombro por la nota fue corto. Los posgrados son “nada” ante lo que encontré y que, en honor a la verdad, es un secreto a voces.

Con base en información publicada por Juan González Anaya y Miguel Ángel Vargas a través de @ADNPolitico, encontramos que cincuenta y seis legisladores federales no tienen título académico de educación superior, lo que equivale a 8.9 por ciento de los 628 diputados y senadores.

Y con notas de este tipo, pareciera que José Vasconcelos y Justo Sierra Méndez se equivocaron cuando decían que solo la educación haría de los pueblos una mejor sociedad. Al menos los que votaron por los legisladores sin estudios no lo ven así.

Hoy en el Congreso de la Unión existe un legislador que cuenta únicamente con la primaria, 05 que culminaron secundaria, 21 concluyeron la educación media superior, 17 que cursaron estudios universitarios pero los dejaron truncos o no han obtenido el título correspondiente, y 12 solo tienen carrera técnica.

De estos 56 legisladores sin título universitario, 44 son diputados federales, lo que representa el 8.8 por ciento del total de 500 legisladores de San Lázaro. En el Senado, 12 de sus integrantes no cuentan con licenciatura, es decir el 9.4 por ciento de la composición de la Cámara Alta.

Adicionalmente, hay 23 legisladores federales que no difunden la información sobre su último grado académico alcanzado. Con los zapatos limpios, las carteras abultadas y con expedientes académicos que caben en una sola hoja, así caminan por los pasillos del poder legislativo hombres y mujeres sin nada en los portafolios de piel.

Pero…¿cómo es posible que pase esto? Sencillo: en México no es exigible tener estudios para ser legislador. Ni la primaria es necesaria.

Desde siempre me he manifestado por el hecho de que se exija como requisito el título universitario para poder ser candidatos a algún cargo de elección popular.

Porque si esto pasa con diputados y senadores, imagine usted ¿cómo estarán los regidores en los municipios?  

Con mi idea se encuentran a la par otras expresiones. Jaime Cárdenas, Constitucionalista y Doctor en Derecho, comenta que no sería positivo exigir un cierto nivel académico, ya que atenta contra la pluralidad del Congreso.

Manifiesta que podría excluir a sectores sociales sin mucha formación y que deben de estar representados en las Cámaras. Al decir del Doctor en Derecho los indígenas no tendrían la menor oportunidad.

Yo difiero con el Doctor. Solo leerlo me resulta discriminatorio al deducir que por ser indígena no se puede tener preparación académica. Y solo por citar un ejemplo: en reciente Parlamento Juvenil celebrado en Chiapas, un joven indígena presentó su propuesta de iniciativa de ley de una manera magistral. El mensaje: hay indígenas cursando estudios universitarios.

En otro sentido, Érick Gómez Tagle, consultor en materia legislativa, refiere que es importante profesionalizar a quienes tienen la responsabilidad de regular la vida de todos los ciudadanos, situación que difícilmente se logra con gente carente de formación profesional.

Lo preocupante es que el problema no sólo radica en la preparación de los diputados y los senadores, sino en los productos que generan, toda vez que se avientan la puntada de modificar, reformar, adicionar y hasta derogar leyes completas.

¿Cómo opinar de lo que no conozco? ¿Cómo votar a favor o en contra de un tema que no entiendo? ¿Cómo votar siendo legislador cuando yo no sé que no sé nada?

Reflexivas preguntas que un legislador jamás responderá.

Y es triste observar que ni la sociedad reparará en ellas en el momento de votar. Una sociedad que sale a las casillas a depositar una boleta siguiendo la huella del poder. Buscan al “elegido” del sexenio y cruzan su nombre en la boleta para no equivocarse.

Ahora bien, si analizamos las cosas desde la óptica de un legislador, pues resulta IMPOSIBLE establecer como requisito el título universitario.

Sería como pedirles demasiada “humildad” a los actuales diputados o senadores, ya que representaría “auto-reconocerse” como NO ELEGIBLES. Y con eso de que quieren reelegirse, pues lo veo demasiado difícil.

De los asesores de los legisladores ni hablamos. Cada tres años vemos rostros nuevos. Y cada tres años, otra vez, al igual que a los diputados, nuevamente a capacitarlos.

No comprendo porque los legisladores no cubren con recursos propios su preparación profesional. Todos quieren dinero del congreso para sus estudios. Qué ironía: con dinero público cubren una carencia personal.

México no solo requiere hombres y mujeres con principios, ética, responsabilidad y honestos. Hoy hay que agregarle a ello estudios profesionales.

Porque aún y cuando una preparación profesional no garantiza eliminar los errores, al menos si minimizan los riesgos de que se presenten.

Ante todo esto, surgen varias interrogantes:

¿Hasta donde tenemos culpa los ciudadanos al emitir un voto no razonado? ¿Quiénes son más culpables…los diputados sin estudios por pedir un voto cuando son candidatos o los ciudadanos con estudios por darlo?